Para que vean que esto no solo pasa en México, se reproduce una noticia del Estado de California en EUA:

Es fácil de ver el esfuerzo político de la Compañía

Por Josh Richman
Oakland Tribune © Copyright 2011, Bay Area News GroupPublicado: 05/15/2011 12:00:00 AM PDT
A pesar de que los tribunales lo pusieron en su lugar (o le bajaron los humos), un  gigante corporativo internacional está gastando una inmensa cantidad de dinero en Sacramento para cambiar una ley estatal de modo que le sea posible ejercer más control sobre su mercado – y ni siquiera hace falta comprarle sus anteojos para ver lo que está sucediendo.

Algunos podrían decir que la empresa Luxottica, basada en Italia – la mayor compañía mundial de artículos para la visión, cerca de 60,000 empleado en todo el mundo y ventas netas de casi US$ 7.700 millones en 2010 – está haciendo el ridículo al promover la AB 778, que cambiaría las leyes estatales que rigen las relaciones comerciales entre los doctores que hacen las pruebas de sus ojos y las compañías que hacen sus anteojos.

Luxottica ha gastado tanto en cabildeo en el primer trimestre 2011 — casi US$ 61,000 – que lo que gastó en cada uno de los cuatro años anteriores. The compañía y su subsidiaria LensCrafters también han elevado sus contribuciones políticas, que incluyen US$ 35,000 al Comité Estatal del partido Democrático desde octubre y US$ 10,200 al presidente de los Asambleístas John Pérez, Demócrata de Los Angelesen los últimos dos años.

El año pasado LensCrafters dio US$ 1,500 al presidente del Comité de Salud de la Asamblea  Bill Monning, demócrata de Carmel, cuyo comité voted 14 a 1 para aprobar el proyecto de ley el 26 de abril, y dio US$ 9,700 en los últimos tres años a la presidenta del Comité de Negocios, Profesiones y Consumidores de la Asambles Mary Hayashi, demócrata de Castro Valley, cuyo comité votó 6 a 1 para aprobar el proyecto de ley el 3 de mayo. A continuación, el proyecto de ley pasa al Comité de  Gastos de la Asamblea, cuyo presidente Felipe Fuentes, demócrata de Sylmar, recibió US$ 3,100 de LensCrafters en los últimos dos años.

Estas cantidades son pequeñas entre todo el dinero que estos legisladores han obtenido, y Luxottica/LensCrafters también les han dado a muchos otros legisladores.

Pero en términos generales, “las corporaciones no estarían dando dinero a políticos sin la esperanza de obtener algo a cambio,” dice el Director Ejecutivo de MAPLight.org Dan Newman, encuadrando esto como una parte de algo mucho mayor. “En su totalidad, nuestro sistema está comprado y prejuiciado a favor de la industria. Los legisladores que tienen una filosofía amistosa hacia la industria son aquellos hacia los que más dinero fluye, y así son los que son elegidos. Por ello, en una mayoría de casos, tenemos una legislatura estatal poblada de legisladores que apoyan a grupos de interés con bolsillos profundos.”

Entre las marcas más renombradas de Luxottica están Ray-Ban y Oakley, pero también hace anteojos para sol y armazones de anteojos para marcas de diseñador como Chanel, Prada, Burberry, Polo Ralph Lauren, Tiffany, Versace, Vogue, Donna Karan y uchas otras. Además de LensCrafters, sus subsidiarias minoristas incluyen Sunglass Hut, Pearle Vision, Sears Optical, Target Optical, BJ’s Optical y Cole Vision Care.

Barry Lynn, director de la New America Foundation’s Markets, Enterprise and Resiliency Initiative (Iniciativa de Mercados, Empresa y Resistencia de la Fundación Nueva América) dijo que se define a una compañía monopolística como una que es “lo suficientemente grande para determinar las condiciones de los negocios dentro de su industria,” entonces Luxottica califica. “El consumidor no está protegido cuando existe esta clase de consolidación.”

La asambleísta Toni Atkins, demócrata de San Diego, que introdujo el proyecto AB 778, dijo que está “entusiasmada” de estar trabajando en un proyecto de ley que según ella sencillamente “aclara una vaguedad (o ambigüedad) que existe en la ley” para permitir el tipo de modelo de negocios y descuido que han existido por muchos años. “Creo que esta legislación es importante porque este modelo tiene una larga historia de atención de calidad y proporciona a millones de californianos acceso a servicios de atención a la salud ocular que desean y necesitan.”

Las leyes de California prohiben que las compañías ópticas – que fabrican y venden anteojos y otras ayudas correctivas de la visión – ofrezcan y vendan dispositivos oftálmicos de prescripción en el mismo lugar en que se proporcionan exámenes de la vista, y que hagan publicidad de que hay disponibilidad dispositivos oftálmicos y exámenes de la visión en la misma ubicación.

Su propósito es prevenir que optometristas y oftalmólogos sean influenciados indebidamente por intereses comerciales — por ejemplo, que hagan recetas que uno no necesita sólo porque trabajan para u obtienen beneficios de una compañía que quiere vender sus anteojos. Los que la apoyan dicen que es la misma idea que no permitir que los centros de verificación de emisiones le arreglen a uno el sistema de escape del automóvil: es un medio para impedir que los resultados de las pruebas no sean infuenciados por una utilidad comercial potencial, esencialmente, mantener el pulgar alejado de las básculas.

“No es posible que se tenga control lego sobre un doctor es malo para el paciente,” dijo Terence McHale, cabildero por la California Optometric Association (Asociación Optométrica de California), que se opone a la AB 778.

Algunas compañías encontraron lo que creyeron era una laguna legal, y crearon planes de salud de la visión reguladas por el Departamento de Atención Regulada de la Salud a las que entonces “co-ubicaron” con sus negocios de ópticas al menudeo, regulados por el  Consejo Médico de California. Cuatro compañías, entre ellas Luxottica – que tiene sus planes de visión EYEXAM of California dentro de sus tiendas de menudeo LensCrafters – manejan algunos cientos de sitios similares en California.

El Estado demandó legalmente a Pearle Vision en 2002, dos años antes de que Luxottica la adquiriera, aduciendo que tales arreglos de co-ubicación violaban las leyes del Estado. A pesar de que en 2006 la Suprema Corte de California dictaminó unánimemente que la demanda del Estado procedía porque el modelo de negocio de Pearle no estaba exento de las leyes del Estado, finalmente se llegó a un arreglo para el caso  antes de que hubiera un dictamen final sobre la legalidad del modelo.

Mientras tanto, la National Association of Optometrists & Opticians (Asociación Nacional de Optometristas y Ópticos) – ubicada en las oficinas centrales de LensCrafters’ en Ohio – demandó en 2002 en un Tribunal Federal aduciendo que las leyes del Estado limitan inconstitucionalmente el comercio interestatal. Dijeron que los ópticos, que muy a menudo laboran fuera del Estado, son puestos injustamente en desventaja al no poder ofrecer “para adquirir en el mismo sitio” –los exámenes de visión y surtir las recetas de anteojos – como lo pueden hacer los optometristas y oftalmólogos en práctica privada, los que generalmente están ubicados en California. Un juez federal estuvo de acuerdo inicialmente, Pero el Noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones de los EE.UU. revertió ese dictamen en 2009, dando prioridad a la opción de California de proteger a sus ciudadanos.

“Las presiones de la copropiedad y y compartir utilidades prohibidas por los estatutos son más obvias, pero potencialmente hasta una relación entre arrendador y arrendatario podría debilitar la calidad de la atención a la salud si arrendador requiriera un cierto nivel de desempeño para mantener el contrato de arrendamiento,” fue lo que halló el tribunal de apelaciones. “Estas sutiles presiones serían difíciles de regular como violaciones de normas profesionales o éticas. Así, las leyes de California laws en este caso reglamentaciones de salud diseñadas para prevenir que los proveedores de atención a la salud sean afectados indebidamente por intereses comerciales.”

El tribunal de apelaciones regresó el caso al juez dictaminador, quien dictaminó a favor del Estado en abril de 2010. Está nuevamente en apelación, pero “Californians for Healthy Vision” (Californianos por una Visión Sana) que entre a discusión con el proyecto AB 778, introducido en febrero. La membrecía de esa coalición incluye a varias docenas de optometristas, pero Luxottica es dueña de o controla a siete de sus 13 organizaciones y negocios de atención a la salud.

Luxottica no contribuyó dinero para Atkins; no obstante, el PAC Optométrico de California le dio US$ 1,000 el último octubre, Mientras que las Sociedades Locales del PAC Optométrico de California le dieron US$ 2,000 en junio y US$ 1,000 en octubre. McHale dijo que aunque estén opuestos a su proyecto de ley, no se arrepienten: “Toni es una legisladora increíblemente concienzuda que toma su trabajo muy en serio. Estamos en desacuerdo con ella en este tema.”

Al igual que Atkins, Becky Warren, portavoz de Californians for Healthy Vision, dijo que el proyecto de ley  AB 778 simplemente resuelve la “ambigüedad” de la actual ley estatal para preservar el “fuertísimamente regulado” modelo de co-ubicación que ha estado vigente durante décadas, en el cual los optometristas están totalmente centrados en atención al paciente y y no obtienen beneficio por ventas ópticas en los mismos sitios. “Están muy comprometidos con sus pacientes y no reciben ningún incentivo financiero.”

Dice que los optometristas co-ubicados sólo representan cerca de 10 por ciento de la población optométrica de California, pero McHale – el cabildero de la California Optometric Association – dice que esa no es la cuestión. “¿Quieren que sintamos lástima por Luxottica que no ha tenido la oportunidad de dominar todo el mercado mundial?”

Dijo que la demanda del Estado en 2002 lawsuit estuvo basada en las quejas de optometrists porque estaban sometidos a presiones comerciales indebidas, en que la compañía dictaba cuánto tiempo pasaban los doctores “individuos que pensaban que iban a recibir verdadera atención optometrica.” También dijo que había evidencia de que se utilizaban a empleados de LensCrafters tanto en la parte de ventas como en la de atención a la salud, una violación de los requisitos de privacidad de pacientes de la Federal Health Insurance Portability and Accountability Act (Ley de Portabilidad y Rendición de Cuenta de Seguros de Salud)